La Comisión Europea ha instado a grandes empresas de redes sociales, como Meta, Alphabet y TikTok, a implementar controles más estrictos para detener la propagación de desinformación relacionada con el conflicto en Israel. Mientras estas compañías han mostrado disposición a cooperar con las regulaciones, la plataforma X, propiedad de Elon Musk, ha atraído la atención particular de la Unión Europea (UE) por su falta de respuesta a las directrices establecidas.
La UE ha iniciado una investigación formal contra X para evaluar si la plataforma cumple con las directrices de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta acción se da en el contexto de “indicios recibidos por los servicios de la Comisión sobre la supuesta difusión de contenidos ilegales y desinformación, incluidos contenidos violentos y discursos de odio”, según publica Financial Times.
Elon Musk y su empresa tienen hasta hoy, 18 de octubre, para responder a la solicitud de la Comisión Europea, que exige información detallada sobre los protocolos de moderación de contenido de la red social. De no atender estas exigencias, la empresa podría enfrentar severas sanciones, que incluyen una suspensión del servicio dentro de la UE.
Otras grandes plataformas digitales responden a la DSA
En un esfuerzo por frenar la propagación de desinformación, otros gigantes tecnológicos como Meta, TikTok y Alphabet también están bajo el escrutinio de la Comisión Europea. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha reforzado sus controles sobre las transmisiones en vivo para evitar que Hamás difunda imágenes de israelíes capturados.
De igual manera, TikTok anunció la creación de un centro de moderación que incrementará el número de moderadores que hablan árabe y hebreo, y Alphabet, a través de YouTube, ha eliminado decenas de miles de vídeos considerados perjudiciales.
Estas compañías han tenido que ajustar sus algoritmos y moderación de contenido para cumplir con las directrices de la DSA, que entre otras cosas, exigen evaluar “los riesgos para la seguridad pública y el discurso cívico” y establecer “medidas de mitigación razonables, proporcionadas y efectivas”.
Con estas medidas, la UE espera mitigar el impacto negativo de la desinformación en las redes sociales, especialmente en temas de alto interés social y crisis globales. La falta de cumplimiento de estas directrices podría resultar en sanciones que llegan hasta el 6% de la facturación anual global de la empresa y una suspensión temporal del servicio en el territorio europeo.
