Periodistas de diversas ciudades españolas se manifestaron recientemente en apoyo a la reportera onubense condenada recientemente a dos años de prisión tras informar sobre el caso de la muerte de Laura Luelmo en el medio local “Huelva Información”. La condena fue interpretada por numerosos profesionales de la comunicación como una “amenaza judicial al periodismo” y un potencial atentado a la libertad de prensa.
La convocatoria, promovida por la Asociación de la Prensa de Huelva y respaldada por la Federación de Asociaciones de Periodismo de España (FAPE), congregó a periodistas en ciudades como Sevilla, Madrid, Málaga, Tenerife y, por supuesto, Huelva, coincidiendo con el Día Internacional de la Democracia.
En la concentración de Huelva, destacó la presencia de la periodista condenada, quien optó por mantener su identidad en reserva. Los manifestantes, portando esparadrapos en sus bocas como símbolo de censura, se situaron detrás de un lienzo que rezaba: “Sin periodistas, no hay periodismo. Sin periodismo, no hay Democracia”.
Juan Fernández Caballero, presidente de la asociación de prensa provincial, expresó su preocupación ante la sentencia, calificándola de peligrosa para la salud democrática de España. Según Caballero, este fallo judicial representa un hecho sin precedentes, ya que permite a un juez determinar qué es noticiable. También destacó la necesidad de protestar y hacer oír sus voces contra esta resolución, aludiendo al artículo 20 de la Constitución Española, que defiende el derecho a la libertad de prensa.
El fallo se basa en el argumento de que la periodista reveló detalles innecesarios que afectaban la intimidad de la víctima y su familia. Sin embargo, desde el colectivo periodístico, se percibe esta sentencia como una limitación al derecho de la ciudadanía de recibir información veraz, especialmente cuando esta se encuentra amparada por la Carta Magna del país.
Estas protestas buscan, no solo solidarizarse con la periodista condenada, sino también defender un pilar fundamental de la democracia: la libertad de prensa. Con este precedente, el colectivo periodístico teme posibles futuras restricciones a su labor informativa y una eventual autocensura derivada de la presión judicial.
